Tras comprobar que el riesgo sísmico no es exclusivo de Italia y a tenor de los daños sufridos por la localidad murciana de Lorca tras el terremoto de magnitud 5,9 que tuvo lugar en mayo de 2011, el sector de la construcción está llamado a reforzar el comportamiento antisísmico de los edificios, sobre todo los que ya cuentan con cierta antigüedad. Desde algunos organismos como el Instituto Valenciano de la Edificación ya llevan tiempo trabajando en materia preventiva, una labor que hoy conocemos de manos de su directora, Begoña Serrano.

¿Qué factores hacen especialmente vulnerable a un edificio en caso de seísmo?

Hay muchos factores, que van desde su configuración en planta y alzado a la antigüedad de la estructura, pasando por la calidad de los materiales, el estado de conservación…, de ahí que sea interesante realizar análisis periódicos que permitan determinar el grado de vulnerabilidad, aunque bien es cierto que el año que se construye un edificio es un factor bastante determinante en tanto que nos permitirá saber si, en el momento de su construcción, había normativa o no en el campo del diseño sismorresistente.

¿Es España, en ese sentido, un país lo suficientemente preparado en términos de sismoresistencia?

En España existe una ley de protección civil que ampara y exige que en aquellas zonas donde existe una mayor intensidad macrosísmica se deben llevar a cabo unos planes específicos frente a riego sísmico. Me consta que todas aquellas comunidades que están en esa situación ya tienen los planes elaborados. Eso sí: se deben llevar a cabo esos planes de riesgo sísmico, pero luego también diseñarlos e implementarlos, algo que obliga a los ayuntamientos a desarrollar unos planes de actuación municipal que cumplan con esos planes frente a riesgo sísmico. Esos planes lo que te garantizan no es que, de repente, los edificios con cierto grado de riesgo sísmico dejen de correrlo, sino que determinan la emergencia y los riesgos -tanto personales como materiales-, y lo que pretenden es tener información, puesto que cuanto más información se tiene, mejor se puede abordar un episodio sísmico en caso de que ocurra y, sobre todo, garantizar después la vuelta a la normalidad, que es uno de los grandes objetivos de cualquier gobierno.

¿Qué comunidades españolas cuentan con esos planes?

La Comunidad Valenciana tiene un Plan frente a Riesgo Sísmico (Decreto 44/2011) y, ahora, está pendiente el correspondiente desarrollo de los Planes de Actuación Municipal en municipios con intensidades macrosísmicas iguales o superiores a 7. Otras comunidades que cuentan con uno son Cataluña, Murcia y Andalucía. Toda la zona sur, sureste y la de los Pirineos, que al final son las que tienen un mayor riesgo sísmico, cuentan con sus correspondientes planes. Está claro que no registramos un riesgo como el de todos aquellos países ubicados en la Falla de San Andrés, en América o en Japón, pero sí que tenemos unas intensidades que, sin ser las máximas, pueden llegar a revestir cierta importancia.

¿Cómo cree que se podrían haber evitado parte de los daños causados por el terremoto acontecido en Lorca en mayo de 2011?

La normativa quizás debería haber sido más exigente, no en lo que respecta a estructuras, que ya eran lo suficientemente resistentes, sino en determinados detalles como el anclaje de fachadas, de cornisas, de elementos de vuelo, de chimeneas y aparatos, etc., que, al fin y al cabo, son los que en Lorca provocaron los daños personales que hubo.

¿Son elementos, por tanto, a tener en cuenta para la capacitación antisísmica de los edificios?

Sí. En los edificios de obra nueva, que ya se construyen en base a una normativa en materia antisísmica, ya se presuponen, pero cabría mostrar posibles soluciones de cómo reducir la vulnerabilidad estabilizando y anclando ese tipo de elementos, algo que no resulta demasiado costoso. El objetivo es reducir la vulnerabilidad vinculada a esos elementos secundarios que aparentemente no son peligrosos pero que, por desgracia, sí que causan víctimas. Lo deseable sería que las inspecciones técnicas que se hace de los edificios una vez que cumplen 50 años evaluaran la clase de vulnerabilidad que presentan esos edificios y aportaran soluciones que representan pequeños gestos con los que conseguiríamos evitar víctimas y daños personales.

¿Cómo deben acometerse, entonces, las obras de mejora de ese comportamiento antisísmico?

Con sentido común. Si nos pusiéramos a reforzar las vigas, los pilares, los forjados, etc. para que cumplan la normativa actual, deberíamos demoler todo el parque construido, de ahí que hagamos hincapié en esos pequeños gestos que pueden salvar la vida de las personas en caso de seísmo y que, además, son susceptibles de aplicarse en otros edificios como bibliotecas, hospitales, oficinas, etc. Estabilizar chimeneas, antepechos, hojas de fachada, cornisas, balcones, barandillas, placas de revestimiento… es la clave, y cabría informar a comunidades y propietarios para que las conocieran.

¿Qué papel tienen los arquitectos en concienciar de la importancia de edificar en base a unos criterios antisísmicos responsables?

Es algo que en caso de obra nueva ya nos viene marcado por normativa, pero sino, en aquellos municipios donde existe cierta peligrosidad los planes de actuación municipal deberían contar, además, con un apartado de formación, de comunicación, etc., no solo a fin de que los técnicos conozcan qué medidas existen para reducir la vulnerabilidad, sino también de cara a la población, para que esta sepa cómo actuar en caso de seísmo. Hace falta generar documentación y conocimiento en torno a ello y ponerla al alcance no solo de la Administración, sino también de técnicos y demás profesionales del sector.